COVID-19, la primera pandemia global del siglo XXI, definirá esta época, y nos obligara a revisar nuestra forma de vida y nuestra economía. Ninguno la podremos olvidar, como todavía recordamos lo que nos decían de la gripe de hace cien años, mal llamada española. Es imposible que pueda el ser humano olvidar este período, pues recordaremos, por muchos años, con tristeza nuestro confinamiento, y el dolor y el sufrimiento de tantas personas y tantos fallecidos.
Somos conscientes del alto costo que esta situación de alarma sanitaria nos va a generar. Incluso ya se calcula cuanto vamos a retroceder económicamente, cuanto vamos a ser más pobres. Pero el impacto va a tener un efecto desigual, a las personas sin recursos les será mucho más difícil defenderse de la enfermedad, y especialmente de la crisis económica posterior. La brecha de las desigualdades es muy probable que se acreciente tras el impacto económico. Pero en este escenario, existen gigantes que se verán mucho menos afectados. Nos referimos a las grandes plataformas digitales que siempre han encontrado refugios, supuestamente legales, para dejar de tributar en los países en los que operan, y de los que obtienen sus beneficios.
Revisemos la globalización
Tenemos que ser sensibles al atributo estratégico de localización, y dar prelación a nuestras necesidades, cubiertas por nuestra propia economía, con nuestras propias fábricas, con nuestros propios puestos de trabajo, y no intentar maximizar las economías en el seno de la globalización, con la deslocalización.
Un tema que ya se debatía antes de la pandemia era el tratamiento fiscal de las grandes plataformas digitales no europeas. Su feroz competencia debía ser compensada con un tratamiento fiscal que les impidiese eludir sus obligaciones tributarias en Europa. Por un lado, determinados países comunitarios han permitido regímenes fiscales beneficiosos a estas plataformas, chinas y norteamericanas, en detrimento del conjunto de los europeos, y del presupuesto comunitario. Europa no puede permitir esa competencia desleal y ese abuso fiscal de algunos países europeos.
Tras la pandemia, debe quedar estrechamente regulado el comercio en Europa de estos gigantes económicos, acostumbrados a ampararse en el supuesto anonimato fiscal que permite la globalización y la operación digital. Debe quedar delimitado fiscalmente el lugar de la actividad, evitando desfavorecer la actividad realizada desde empresas europeas que tributen al régimen general. Incluso, debería ser revisado en Europa el tratamiento fiscal de todas las empresas no residentes, que en su sede social tributen con tipos inferiores a la media europea.
Como experiencia personal, siendo español y residente en Madrid, publique un libro en una de estas plataformas norteamericanas. Posteriormente, he sido requerido reiteradamente por el Internal Revenue Service, equivalente a nuestra AEAT, a tributar en EEUU, sin tener, ni haber tenido nunca, residencia o nacionalidad en ese país. Esto es poco serio y un claro indicio de la tendencia al abuso de estas plataformas y sus países de origen
Tasa Google
El pasado año fueron constantes los desencuentros internacionales tras el intento europeo de implantar la llamada tasa Google. La falta de solidaridad de estas compañías era evidente, y hacía imposible el intento de gravar a los gigantes tecnológicos Pero es necesario regularizar esa situación e impedir la elusión fiscal en Europa de estos operadores.
La injerencia de EEUU y sus grandes empresas en la soberanía fiscal de los estados europeos es una evidencia intolerable e inadmisible. Esas multinacionales digitales han venido generando millonarios beneficios por su actividad en Europa, sin tributar apropiadamente por ellos. El gobierno americano, y también el chino, siempre respondían con una supuesta guerra comercial, basada en aranceles contra productos europeos, como ha ocurrido con la aceituna de mesa española.
Pero es evidente que, tras la pandemia no puede Europa permitir por más tiempo ese abuso, y es necesaria una respuesta común, y no fragmentada de cada estado europeo, con una reforma impositiva concertada en el ámbito comunitario. Es necesario ahora que Europa trabaje por un consenso para resarcirnos de esa colonización digital, evidenciando y denunciando los intereses de aquellos países europeos que también se benefician de la actual situación, a costa del resto.
En España, cuatro de los gigantes digitales ingresaron el ejercicio 1918 en el Tesoro Público un total de 23,9 millones de euros (9,1 millones de Google, 10,1 millones de Apple, 0,2 millones de Facebook y 4,4 millones de Amazon). La Comisión Europea ha estimado que estas compañías tributan en Europa a un tipo del 9,5%, frente al tipo español del 25%, o el medio europeo del 23,2%. Netflix, para el ejercicio 2018, ingreso 3.146 euros en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Estas multinacionales, amparadas por sus países de origen, han planteado que en un mundo globalizado, generando negocio, no tienen por qué informar a otros estados; y no habiendo creado un establecimiento permanente en un país, se consideran libres de estar obligados a declarar y tributar. Es un claro fraude fiscal que suponen, se ampara en nuevos criterios de derecho internacional, que ellos mismos han ideado, para esconder sus ingresos y beneficios.
Europa, debe afrontar este reto, que pueden suponer muchos millones de ingresos presupuestarios, sin aceptar el amedrentamiento que hasta ahora Trump ha intentado. Debe realizarse un análisis previo de armonización fiscal, en el que se admita que la actividad económica se produce, tanto de forma presencial, como de forma virtual desde otro lugar, y que el hecho imponible de la tributación es la operación de compraventa, y el lugar, la del comprador de los bienes o servicios.
Los franceses diseñaron una tasa del 3% de los ingresos para compañías que facturasen 25 millones en Francia o 750 millones en todo el mundo. España también intentó el pasado año, sin resultado, una tributación equivalente. En ambos casos la base imponible la constituían los ingresos, en vez de los beneficios. Parece más lógico que Europa establezca, mediante consenso, un impuesto a estas entidades equivalente al Impuesto sobre Sociedades, proponiendo este acuerdo a la comunidad internacional, y evitando la actual laguna, que solo beneficia a esos gigantes, determinando cómo debe tributar la actividad comercial internacional, presencial y virtual.
Revolución digital
Ya hemos comentado reiteradamente que la revolución digital, en la que ya estábamos inmersos, estaba transformando la economía global y la forma en que la sociedad vive, trabaja y se relaciona. Pero ahora, tras la pandemia, los cambios serán acelerados, y necesitaremos recuperar todos los puestos de trabajo perdidos y todos los ingresos presupuestarios posibles. Somos conscientes de que ciertos actores digitales pagan muy pocos impuestos en Europa, y eso es una injusticia, pues destruye empleos e impide los correspondientes ingresos fiscales.
Pero no todo es negativo, España es líder europeo en despliegue de fibra óptica, por delante de Alemania, Francia o Reino Unido. Dispone de la mayor infraestructura de nueva generación de la Unión Europea: la red de fibra hasta el hogar y una cobertura de 4G superior al 99,5% de la población, por el esfuerzo inversor de los operadores de telecomunicaciones, y la necesaria colaboración público-privada, materializada en determinadas ayudas públicas.
España terminó el año 2019 con más instalaciones conectadas, que la suma de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. En total, España tiene un 2 por ciento más de instalaciones conectadas con fibra que el conjunto de las cuatro principales potencias económicas de Europa -10.261 frente a 10.061-. Francia cuenta con 6.800 instalaciones conectadas por fibra óptica; Italia 1.461; Reino Unido 1.150; y Alemania 650.
En la actual situación de recursos escasos tras la pandemia, Europa no puede seguir permitiendo la ingeniería fiscal de estos gigantes digitales, que con la excusa del uso de nuevas tecnologías, han encontrado en Europa un paraíso fiscal. Tan trascendente es ahora la búsqueda de recursos para hacer frente a las necesidades presupuestarias de los estados, como el acordar una reforma fiscal conjunta y unánime, que permita disponer de esos recursos que eluden esas empresas. Es una cuestión que quedo pendiente tras los acuerdos del G7 de agosto del pasado año.
Promoción de la competencia
Pero esa no es la única medida que debe tomar Europa. Sugerimos que promueva la competencia, en este nuevo escenario, pero protegiendo a sus empresas de carácter estratégico. Por ejemplo, en el ámbito de las grandes empresas suministradoras de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones, solo quedan dos en Europa: Ericsson y Nokia, dos en China, y ninguna en EEUU.
Es un sector estratégico en caso de alarma o confrontación, en el que la empresa china Huawei ha sido protagonista de múltiples controversias, especialmente con Trump. Pues lo que se busca es el control de las telecomunicaciones que en un futuro serán todavía más la base tecnológica de nuestra sociedad, por ejemplo, el control militar, aéreo o el de los drones aplicados a la logística. Por ello, Europa y EEUU deberían ir de la mano, en defensa de Ericsson y Nokia.
Pero existen otras actividades en los que la cuestión es puramente comercial, como los alquileres, el trasporte en automóvil, la compra remota, etc… En estos casos, la Comunidad Europea debería promover concursos para que exista, al menos, un operador en Europa, que pueda actuar en libre competencia con las plataformas americanas o chinas. Promover a empresas ya existentes europeas, o la creación de nuevas, con ámbito en toda la comunidad, y al menos, una delegación en cada estado, con créditos de los bancos europeos que les permita actuar en el mercado en posición análoga. En los casos que se creasen nuevas empresas, las ayudas deberían condicionarse a haber, como mucho, un límite de una sola empresa por estado europeo, para permitir una mejor distribución de la riqueza. Pero preferiblemente una sola europea.
Son algunas ideas que se proponen para desarrollar tras la pandemia con el fin de propulsar la reactivación económica.