Estamos en alarma sanitaria, pero la actividad económica se encuentra también en situación de alerta, temerosa de que la lucha contra el coronavirus acabe llevándose a las pequeñas empresas y autónomos y con ellas, a más de tres millones de puestos de trabajo. Por ello, adema de las medidas para la protección social de los ciudadanos, es necesario medidas para la reactivación económica, y especialmente, del tejido económico que sustenta los ingresos de la mayoría de españoles.
La situación económica de esos empresarios no era, ya antes de esta crisis optimista. Según datos de Hacienda de 2017, últimos conocidos, de los 1,3 millones de empresas que presentaron resultados económicos en ese ejercicio, 542.556 tuvieron un resultado contable negativo. Por tanto, estaban en pérdidas el 41,5% del total. Con estos antecedentes es muy difícil enderezar la crisis económica resultante
La solidaridad europea
Es nuestro objetivo la reactivación del tejido productivo de la nación, y la mejora de su eficiencia en la creación de puestos de trabajo tras la pandemia, y para ello, es necesario aplicar todos los recursos posibles.
En ese sentido, deberán tenerse en cuenta las iniciativas de La Comisión Europea (CE), cuya estrategia, al menos de momento, no es solidaria; pues no permite la consolidación de la deuda pública con eurobonos, y solo admiten aplicar los fondos presupuestarios existentes.
En este ámbito encontramos por ejemplo, la propuesta del proyecto SURE para proporcionar subsidios públicos respaldados por el conjunto de la Unión Europea, para ayudar al mantenimiento del empleo, a través de sistemas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Para este fin, Bruselas acudirá a los mercados internacionales para captar 100.000 millones de euros que ayuden a paliar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 en países como Italia y España. De esta forma, el SURE ofrecerá préstamos con garantía a las economías que se enfrentan a un “repentino y severo” aumento del gasto en sus planes de reducción de jornada.
También Bruselas plantea que los países pongan en marcha sistemas de tele-trabajo en las empresas, a los que se les otorgaran subsidios públicos, que les permitan mantener empleados a sus trabajadores, y seguir pagándoles el salario, aunque su actividad se haya reducido por la pandemia.
Es necesario advertir que la Comunidad Europea no está diseñando nuevas estrategias o proyectos innovadores para la reactivación de la economía de los estados miembros, sino que se limita a acordar aportar fondos presupuestarios comunitarios, a las estrategias y diseños de los paises, como es el caso de los ERTE españoles. Por tanto, cada nación debe aguzar su ingenio, y concebir estrategias creativas e innovadoras, para que luego sean apoyadas por los presupuestos europeos.
En el ámbito sectorial, la CE mantiene una preocupación específica con el sector agrario. Para seguir apoyando a este sector esencial, la Comisión Europea ha ampliado hasta el 15 de junio de 2020 el plazo para las solicitudes de ayuda en el marco de la política agrícola común, concediendo así mayor flexibilidad a los agricultores.
De acuerdo con el Marco Temporal aplicable a las ayudas estatales, recientemente adoptado, los agricultores pueden obtener una ayuda máxima de 100.000 euros por explotación agrícola, y las empresas de transformación y comercialización de alimentos pueden recibir un máximo de 800.000 euros. En algunos casos, estas ayudas pueden completarse con hasta 25.000 euros más. Esto significa que la ayuda nacional total que puede concederse por explotación asciende a 120.000 euros (o 125.000 euros) en virtud del Marco Temporal.
Para el sector pesquero y la acuicultura, afectado por una drástica reducción de la demanda, la Comisión ha tomado medidas urgentes para paliar esta situación, pudiendo recibir ayudas en virtud del nuevo Marco Temporal aplicable a las ayudas estatales, de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El 24 de marzo de 2020, la Comisión aprobó y adoptó dos sistemas de garantía españoles, sobre nuevos préstamos y operaciones de refinanciación, a los que podrán acogerse las empresas y los trabajadores por cuenta propia afectados por el brote de coronavirus.
Además, deberán tenerse en cuenta las acciones e iniciativas que puedan realizar otras instituciones, como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones.
Planificación española
Por tanto, además de esa posible ayuda europea, tenemos necesariamente que concebir soluciones propias que eviten el despilfarro económico habido, alienten a los empresarios a crear puestos de trabajo, o al menos, a mantenerlos, y nos permita diseñar nuevos sistemas y procedimientos, acordes con las actuales tecnologías disponibles.
Debería ser estudiada la posibilidad de reducir las obligaciones formales de los administrados, y en concreto, toda la burocracia actualmente necesaria en la gestión de los pequeños negocios, trasladando esas obligaciones a la administración, excepto en el caso de las grandes empresas. También la creación automática de un crédito fiscal para los autónomos, en el momento que se den de alta en el IAE, aplicable también a sus cuotas ante la SS.
Debería realizarse un profundo estudio, con la colaboración de la sociedad civil, para reaccionar contra esta guerra virtual, por ejemplo, con una sustancial modificación conceptual de los censos de población, y del ordenamiento laboral y del desempleo, fomentando la creación de puestos de trabajo, y la actividad laboral de todos los que se encuentren en condiciones de aportar su trabajo. Se trata de superar la dramática crisis económica que se ha iniciado, creando ilusión en los ciudadanos, y evitando soluciones totalitarias y confiscatorias, que solo generen pobreza.
Lecciones del pasado
La Comisión Europea ha propuesto simultáneamente, una relajación temporal del Pacto de Estabilidad, animando a los estados a gastar tanto como sea necesario, para hacer frente a la expansión del virus y a sus efectos económicos. Sin que eso compute para el cálculo de déficit estructural. No obstante, es necesario recodar que esto no puede animar al despilfarro, pues todo el déficit generado realmente, será una carga para nuestros sucesores, al convertirse en deuda pública del estado.
La lección de pasadas crisis es que es necesario evitar que perdure el parón de la actividad. Puede hacerse mediante liquidez a las empresas, como ha decidido Alemania, o con ayuda de las entidades financieras, como anunció el BCE. Con préstamos a través de bancos de crédito nacionales, como desarrolla España con el ICO. Mediante mecanismos de flexibilidad, ayudas legales del Estado, moratorias en el pago de contribuciones, o aplazamientos de impuestos. Pues si las economías se mantienen paradas, el efecto global y en cadena puede ser peor.
Pues tenemos que ser conscientes de que a pesar de la moderna ciencia y tecnología de que disponemos, en la actualidad nuestra única defensa contra la pandemia es la no transmisión. Solo disponemos de un tipo de actuación contra su propagación: mantenernos alejados del foco de infección. El aislamiento social parece que es la única solución actual, ¡No disponemos de armas científicas o tecnológicas ante esta pandemia!
¿Alguien puede entender que hayamos llegado a este infortunio en pleno siglo XXI?
La situación económica de esos empresarios no era, ya antes de esta crisis optimista. Según datos de Hacienda de 2017, últimos conocidos, de los 1,3 millones de empresas que presentaron resultados económicos en ese ejercicio, 542.556 tuvieron un resultado contable negativo. Por tanto, estaban en pérdidas el 41,5% del total. Con estos antecedentes es muy difícil enderezar la crisis económica resultante
La solidaridad europea
Es nuestro objetivo la reactivación del tejido productivo de la nación, y la mejora de su eficiencia en la creación de puestos de trabajo tras la pandemia, y para ello, es necesario aplicar todos los recursos posibles.
En ese sentido, deberán tenerse en cuenta las iniciativas de La Comisión Europea (CE), cuya estrategia, al menos de momento, no es solidaria; pues no permite la consolidación de la deuda pública con eurobonos, y solo admiten aplicar los fondos presupuestarios existentes.
En este ámbito encontramos por ejemplo, la propuesta del proyecto SURE para proporcionar subsidios públicos respaldados por el conjunto de la Unión Europea, para ayudar al mantenimiento del empleo, a través de sistemas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Para este fin, Bruselas acudirá a los mercados internacionales para captar 100.000 millones de euros que ayuden a paliar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 en países como Italia y España. De esta forma, el SURE ofrecerá préstamos con garantía a las economías que se enfrentan a un “repentino y severo” aumento del gasto en sus planes de reducción de jornada.
También Bruselas plantea que los países pongan en marcha sistemas de tele-trabajo en las empresas, a los que se les otorgaran subsidios públicos, que les permitan mantener empleados a sus trabajadores, y seguir pagándoles el salario, aunque su actividad se haya reducido por la pandemia.
Es necesario advertir que la Comunidad Europea no está diseñando nuevas estrategias o proyectos innovadores para la reactivación de la economía de los estados miembros, sino que se limita a acordar aportar fondos presupuestarios comunitarios, a las estrategias y diseños de los paises, como es el caso de los ERTE españoles. Por tanto, cada nación debe aguzar su ingenio, y concebir estrategias creativas e innovadoras, para que luego sean apoyadas por los presupuestos europeos.
En el ámbito sectorial, la CE mantiene una preocupación específica con el sector agrario. Para seguir apoyando a este sector esencial, la Comisión Europea ha ampliado hasta el 15 de junio de 2020 el plazo para las solicitudes de ayuda en el marco de la política agrícola común, concediendo así mayor flexibilidad a los agricultores.
De acuerdo con el Marco Temporal aplicable a las ayudas estatales, recientemente adoptado, los agricultores pueden obtener una ayuda máxima de 100.000 euros por explotación agrícola, y las empresas de transformación y comercialización de alimentos pueden recibir un máximo de 800.000 euros. En algunos casos, estas ayudas pueden completarse con hasta 25.000 euros más. Esto significa que la ayuda nacional total que puede concederse por explotación asciende a 120.000 euros (o 125.000 euros) en virtud del Marco Temporal.
Para el sector pesquero y la acuicultura, afectado por una drástica reducción de la demanda, la Comisión ha tomado medidas urgentes para paliar esta situación, pudiendo recibir ayudas en virtud del nuevo Marco Temporal aplicable a las ayudas estatales, de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El 24 de marzo de 2020, la Comisión aprobó y adoptó dos sistemas de garantía españoles, sobre nuevos préstamos y operaciones de refinanciación, a los que podrán acogerse las empresas y los trabajadores por cuenta propia afectados por el brote de coronavirus.
Además, deberán tenerse en cuenta las acciones e iniciativas que puedan realizar otras instituciones, como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones.
Planificación española
Por tanto, además de esa posible ayuda europea, tenemos necesariamente que concebir soluciones propias que eviten el despilfarro económico habido, alienten a los empresarios a crear puestos de trabajo, o al menos, a mantenerlos, y nos permita diseñar nuevos sistemas y procedimientos, acordes con las actuales tecnologías disponibles.
Debería ser estudiada la posibilidad de reducir las obligaciones formales de los administrados, y en concreto, toda la burocracia actualmente necesaria en la gestión de los pequeños negocios, trasladando esas obligaciones a la administración, excepto en el caso de las grandes empresas. También la creación automática de un crédito fiscal para los autónomos, en el momento que se den de alta en el IAE, aplicable también a sus cuotas ante la SS.
Debería realizarse un profundo estudio, con la colaboración de la sociedad civil, para reaccionar contra esta guerra virtual, por ejemplo, con una sustancial modificación conceptual de los censos de población, y del ordenamiento laboral y del desempleo, fomentando la creación de puestos de trabajo, y la actividad laboral de todos los que se encuentren en condiciones de aportar su trabajo. Se trata de superar la dramática crisis económica que se ha iniciado, creando ilusión en los ciudadanos, y evitando soluciones totalitarias y confiscatorias, que solo generen pobreza.
Lecciones del pasado
La Comisión Europea ha propuesto simultáneamente, una relajación temporal del Pacto de Estabilidad, animando a los estados a gastar tanto como sea necesario, para hacer frente a la expansión del virus y a sus efectos económicos. Sin que eso compute para el cálculo de déficit estructural. No obstante, es necesario recodar que esto no puede animar al despilfarro, pues todo el déficit generado realmente, será una carga para nuestros sucesores, al convertirse en deuda pública del estado.
La lección de pasadas crisis es que es necesario evitar que perdure el parón de la actividad. Puede hacerse mediante liquidez a las empresas, como ha decidido Alemania, o con ayuda de las entidades financieras, como anunció el BCE. Con préstamos a través de bancos de crédito nacionales, como desarrolla España con el ICO. Mediante mecanismos de flexibilidad, ayudas legales del Estado, moratorias en el pago de contribuciones, o aplazamientos de impuestos. Pues si las economías se mantienen paradas, el efecto global y en cadena puede ser peor.
Pues tenemos que ser conscientes de que a pesar de la moderna ciencia y tecnología de que disponemos, en la actualidad nuestra única defensa contra la pandemia es la no transmisión. Solo disponemos de un tipo de actuación contra su propagación: mantenernos alejados del foco de infección. El aislamiento social parece que es la única solución actual, ¡No disponemos de armas científicas o tecnológicas ante esta pandemia!
¿Alguien puede entender que hayamos llegado a este infortunio en pleno siglo XXI?
